Un país en que una madre puede asesinar a su hijo, ya no resulta seguro para nadie

“Quita el derecho y entonces qué distingue al Estado de una gran cuadrilla de bandoleros”

(Agustín, La ciudad de Dios, IV, 4, 1)

El pasado 6 de septiembre, mientras el resultado de la encuesta que definía a la que, de hecho, será la candidata del partido en el poder en los comicios del próximo año, acaparaba la atención de la opinión pública, la Suprema Corte de Justicia ha decretado la modificación del Código Penal Federal en lo relativo al aborto. Por unanimidad, los ministros de la Primera Sala declararon inconstitucional el apartado que tipificaba el aborto como delito. Con esto se da un nuevo paso respecto a la resolución de 2021 que instruía la “no penalización” del aborto. El argumento es que considerar el aborto como delito “va en contra de los derechos humanos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar” —una pregunta, ciertamente marginal: ¿es que hay alguna persona con capacidad de gestar que no sea mujer?—.

Aunque de ahí no se sigue que sea obligatoria la modificación de los códigos locales, todo indica que se va a seguir el camino ya iniciado por la Corte para obligar en respuesta a un amparo a que los congresos estatales que aún no lo han hecho, adecuen el Código Penal a la línea trazada por el decreto de la Corte. Además, las dependencias del gobierno federal que ofrecen servicios de salud deberán brindar a aquellas mujeres que así lo deseen la posibilidad de asesinar a sus hijos. Esta afirmación no pretende prejuzgar sobre las circunstancias particulares por las que esté atravesando una mujer que decida recurrir al aborto, pues cada caso es único e irrepetible. Nos referimos solo al hecho objetivo: pues todo aborto directamente procurado consiste en el asesinato de un ser humano en gestación.

La embriología, la genética y el sentido común más elemental nos enseñan que la vida de un ser humano comienza en el momento mismo de la fecundación. A partir de allí se echa a andar un proceso de desarrollo que presenta las siguientes características: continuidad, gradualidad, coordinación. Negar que el cigoto, el embrión o el feto, sean un ser humano ofende más a la seriedad de la ciencia que a la moral. Llama la atención el hecho de que sistemáticamente se omite la pregunta por el estatuto humano del embrión, la cual tendría que estar en el centro del debate. Puesto que desde el momento de la fecundación estamos en presencia de un miembro de la especie humana, es obligatorio que la ley tutele todos los derechos y prerrogativas que se nos deben reconocer solo por el hecho de ser personas, siendo el primero de ellos el derecho fundamental a la vida, sobre el cual se sostienen todos los demás derechos.

Muchas consideraciones podríamos hacer al respecto, y seguramente buscaremos espacios y medios para hacerlas, por ahora hemos de limitarnos a unas cuantas:

— Un país en que se tolera que una madre asesine a su propio hijo, es un lugar que ya no resulta seguro para nadie. Allí todos podríamos perder la vida en manos de cualquiera. Una sociedad en la que se puede asesinar a los más vulnerables es una sociedad que ha perdido su alma, pues la altura moral de una comunidad se puede medir en su capacidad para compadecerse y solidarizarse de las personas más débiles e indefensas, entre las cuales no hay alguna que lo sea más que los bebés que se están desarrollando en el vientre de su madre, necesitados de todos los cuidados y protección.

— Esta resolución de la corte no contribuye a ofrecer soluciones al clima de violencia extrema e inseguridad que nos tiene a todos atemorizados, por el contrario, nos impulsa a volvernos todavía más crueles e inhumanos. Mientras que la ley debe brindar siempre protección a los más débiles de las posibilidades de abuso por parte de los más fuertes — y en la relación paterno filial, el más débil por sistema es el hijo, sobre todo si se encuentra impedido o en las primeras etapas de su vida—, esta resolución abre la puerta a nuevas formas de abuso y violencia contra la mujer: ¿a cuántas de ellas se las presionará para que aborten a un hijo del que el padre no quiere hacerse cargo? Esto sin contar las consecuencias negativas, físicas o psicológicas, del aborto. En este contexto, la disyuntiva aborto legal o aborto clandestino representa una simplificación arbitraria y falaz, pues existen otras alternativas en las cuales el hijo o hija, y la madre son tomadas en cuenta.

— Un médico que se presta para asesinar ha perdido de vista la diferencia entre medicina y veterinaria. Hoy lo que está en peligro de extinción es la medicina tal como la conocemos, pues la medicina existe para curar, no para asesinar, como lo exige el juramento hipocrático. La enfermedad debe ser combatida con todos los medios, pero el enfermo debe ser protegido. También debe ser protegida la conciencia del médico al cual ningún gobierno puede dictarle lo que está bien y lo que está mal, sino que debe reconocérsele el derecho fundamental de actuar conforme a una conciencia bien formada.

— Resulta contradictorio que se obligue a las instituciones de salud a destinar recursos al asesinato de mexicanos y mexicanas, mientras tiene lugar uno de los mayores desabastos de medicamentos y recursos que garanticen el acceso a la salud, especialmente a aquellas personas que se debaten entre la vida y la muerte.

— Muchos se preguntan si no se debe reconocer a la mujer el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. En respuesta quisiera plantear una sencilla analogía: ¿Es que acaso no puede decidir cada uno quién se sube o no al propio coche? Claro que, dentro de los justos límites, uno tiene ese margen de decisión, lo que no se puede pretender es que alguien a quien ya, de hecho, se ha permitido subir, se baje del propio auto mientras conducimos a toda velocidad.

La Pastoral de la Vida de la Arquidiócesis de Guadalajara quiere expresar por este medio su profunda tristeza y el firme rechazo a esta resolución de la Corte. Exigimos el derecho a que nuestra voz sea escuchada. Al mismo tiempo, motivamos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que, con toda responsabilidad, pongamos en escena nuestros talentos para buscar entre todos soluciones integrales a los problemas relacionados con los derechos de la mujer. Resulta imperativo evitar a toda costa el que puede ser, y está siendo, el mayor genocidio de la historia de la humanidad, no menos grave por el hecho de ser silenciado y hasta apoyado por campañas muy bien orquestadas que responden a intereses sobre todo de tipo económico.

El siglo pasado ha sido testigo de cómo, en los regímenes totalitarios, una cuadrilla de bandoleros — por usar las palabras de Agustín— se apropiaron del poder, manipularon los derechos y reivindicaciones de toda una nación. Una vez en el gobierno el Partido Nacional Socialista Alemán, por poner un ejemplo, decidió que había una vida que no era digna, una raza que no debía existir y que tenían el derecho de acabar con ella para crear la raza pura y superior del futuro. El tribunal de Nuremberg con apego a la sensatez definió que hay derechos que no pueden ponerse en discusión ni por un gobierno ni por un pueblo entero. Y esta conclusión no vale solo en relación a esas trágicas páginas de la historia, que ojalá nunca se hubieran escrito, sino también en relación a nuestro presente y a las páginas que aún están por escribirse. Este tribunal pudo condenar justamente a personas que habían seguido las leyes vigentes en un Estado, leyes que habían emanado por las formas institucionales y en apego a los procedimientos correctos, pero que no obstante su apego formal a lo que técnicamente se consideraba adecuado, iban en contra de una serie de leyes inviolables y válidas para todos y en todas las circunstancias, entre las que se encuentra sin duda el derecho fundamental de toda persona a la vida, también de las personas concebidas pero todavía no nacidas.

Existe la sacralidad de la vida humana y la obligación de nunca ir en contra de un mandato de una conciencia bien formada. Y aunque hayan existido, o puedan existir, leyes que se oponen a esta inviolabilidad de su dignidad y de sus derechos —de la vida humana y de la conciencia—, tales leyes deben considerarse injustas y no solo no deben ser obedecidas, sino que existe el deber moral de oponerse a ellas. La mayoría no tiene en estos temas la última palabra, como tampoco la tiene el parlamento o la corte, sino que deben respetar lo que es humano. De esto depende el futuro.

EQUIPO COORDINADOR DE LA PASTORAL DE LA VIDA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA.

Fuente recomendada: El amor a la vida, Adrián Aguilera, Hope press, México, 2021.